La Unión Europea, como agente especialmente activo en la concreción del Protocolo, se comprometió a reducir sus emisiones totales medias durante el periodo 2008-2012 en un 8% respecto de las de 1990. No obstante, a cada país se le otorgó un margen distinto en función de diversas variables económicas y medioambientales según el principio de «reparto de la carga», de manera que dicho reparto se acordó de la siguiente manera Unión Europea: Alemania (-21%), Austria (-13%), Bélgica (-7,5%), Dinamarca (-21%), Italia (-6,5%), Luxemburgo (-28%), Países Bajos (-6%), Reino Unido (-12,5%), Finlandia (-2,6%), Francia (-1,9%), España (+15%), Grecia (+25%), Irlanda (+13%), Portugal (+27%) y Suecia (+4%).
Por su parte, España -que, como vemos, se comprometió a aumentar sus emisiones un máximo del 15% en relación al año base- se ha convertido en el país miembro que menos posibilidades tiene de cumplir lo pactado. En concreto, el incremento de sus emisiones en relación a 1990 durante los últimos años ha sido como sigue: 1996: 7%; 1997: 15%; 1998: 18%; 1999: 28%; 2000: 33%; 2001: 33%; 2002: 39%; 2003: 41%; 2004: 47%; 2005: 52%; 2006: 49%; 2007: 52%; 2008: 42,7%.Esta información puede consultarse en el Inventario Español de Gases de Efecto Invernadero que incluye el envío oficial a la Comisión Europea y al Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El problema que supone para España esta distribución de compromisos de umbrales de emisiones es que implica techos económicos diferentes para cada país de la Unión Europea. España, desde 1990, obtuvo un crecimiento económico espectacular, traduciéndose éste último en un aumento del transporte y el consumo energético de las familias y la industria. Esta explicación de los techos económicos diferentes se complementa con el hecho de que el consumo energético es directamente proporcional al desarrollo económico y el nivel de emisiones de CO2 es proporcional al consumo energético. Por ello, dentro de un mercado libre y competitivo en la Unión Europea, España está en desigualdad de condiciones con respecto al resto de países. Además, España, bastante alejada de sus compromisos, es el segundo país mundial en producción de energía eólica y el país referencia en % de energía renovable sobre la total consumida. El objetivo de España debe ser el de seguir este camino de aumento de renovables, aumentar la eficiencia y razonabilidad de los consumos y exigir la igualdad en limites de cantidades de CO2 por habitante y año con los demás países de la Unión Europea. Quizás también aumentar la generación de energía nuclear, siempre barata aunque con el problema de los residuos nucleares, en los términos en los que se limitan las energías renovables. Estas limitaciones, concretamente para el caso de la energía eólica, radican en su irregularidad generadora, las inestabilidades que producen en la Red Eléctrica Española, y su incapacidad para regular la carga generada. Recordemos que la generación de la energía volcada a la red debe ser igual a la que se consume en cada momento. Ya que esta segunda oscila constantemente, la energía generada debe adaptarse mediante la regulación y la planificación horaria.+
En la siguiente tabla, se puede observar cuales son los objetivos y metas para la reducción (o aumento) de emisiones para los países de la Unión europea, con el fin de conseguir esa reducción global del 8%.
El Protocolo de Kioto establece para nuestro país que el promedio de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el periodo 2008-2012 no supere en más de un 15% las registradas en el denominado "año base", 1990 (ese año emitimos 289,8 millones de toneladas de CO2 equivalente). Pues bien, el año pasado España emitió 413,5 millones, un 42,7% más de lo debido. Cada español envió a la atmósfera nueve toneladas de CO2e el año pasado.
Aqui vemos la
Evolución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España hasta el año 2008.
El informe "Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (1990-2008)", publicado el 21 de mayo, no puede ser más explícito: "España sigue siendo el país industrializado donde más han aumentado las emisiones y sigue necesitando un importante esfuerzo para cumplir el Protocolo de Kioto". Elaborado por el secretario de Medio Ambiente de Comisiones Obreras, Llorenç Serrano i Giménez, y el director de la edición española de la revista World Watch, José Santamarta, este informe-balance retrata cada año la situación del CO2 en España y el lugar que ocupa el país en su particular hoja de ruta hacia Kioto.
El informe, que consta de 43 páginas, señala algunos datos, sin embargo, no tan negativos, pues si bien es cierto que España ha emitido en 2008 más de 413 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e), en 2007 emitió bastante más, concretamente 441 MtCO2e. En términos relativos, ese descenso (de 441 a 413) es el mayor jamás registrado desde 1990 (-6,5%). Esa "mejora" puede imputarse en buena parte –dicen los autores– a la crisis económica, que se ha traducido en ese año en una moderación importante en el consumo de electricidad y en el uso del vehículo privado y transporte de mercancías.
Sea como fuere, y más allá de la coyuntura económica, también es cierto que, según Santamarta y Serrano, "se han dado cambios en la estructura de nuestro mix de generación eléctrica que asimismo explican esa reducción de emisiones". Por eso, señalan los autores del informe, aunque la producción de electricidad aumentó en 2008 en España hasta un 0,9%, el sector de generación eléctrica ha reducido sus emisiones en 20 millones de toneladas de CO2 (o sea, que producimos más electricidad a la par que contaminamos menos).
España generó (y exportó) más electricidad y consumió menos
El aumento del precio del carbón de importación es uno de los motivos de esa reducción de las emisiones (el consumo de carbón cayó un 31% por lo que, de las centrales térmicas que queman ese mineral salieron este año muchos menos kilovatios). Al petróleo le pasó lo mismo, y por eso su consumo también ha descendido en 2008: un 3,8%. De entre los combustibles fósiles, solo el gas natural creció (su consumo): un 9,6%. Además, España generó más electricidad limpia a partir de fuentes renovables en 2008, concretamente un 8,7% más que en el año anterior. Y una nota al margen: el año pasado el país exportó más electricidad que la que importó.
Así las cosas, el consumo de energía primaria, apuntan Santamarta y Serrano, disminuyó en 2008 un 3,3%. Según los autores, "en el sector del transporte se advierte una correlación del descenso de emisiones en los meses de mayor precio del petróleo y una posterior aceleración del descenso en el último trimestre, cuando empieza a manifestarse con fuerza la crisis". ¿Conclusión? La locura de los precios (el barril llegó a estar en algunos momentos a 150 dólares) y la crisis a partir del último trimestre de 2008 han tirado a la baja del consumo y por eso han descendido las emisiones. Por ello, apuntan los autores, "como primera reflexión, cabe señalar que el patrón meritorio es el del año 2006, año en el que se redujeron las emisiones en un 1,8% mientras sin embargo el PIB crecía un 3,9%".
El consumo de energía primaria en España ha pasado de 91,8 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 1990 a 142 Mtep en el año 2008 (un 54,7% de aumento). En 2008 la dependencia energética alcanzó casi el 80%, a pesar de que en la producción nacional se incluye la energía nuclear, una mentira contable y fácilmente desmontable: el propio Foro Nuclear –la patronal atómica nacional– reconoce públicamente que España importa el cien por cien del uranio que emplean como combustible sus siete centrales nucleares. Tengamos en cuenta o no esa verdad incómoda de la atómica, el grado de dependencia energética fue del 66% en 1990, y de un 80% en 2008.
CO2 con denominación de origen, según el informe "Evolución..."
El sector energético es el mayor responsable del conjunto de las emisiones, pues en 2008 representó el 78% del total. Las mayores emisiones se deben a la generación de electricidad y al transporte por carretera. El resto corresponde a las diez refinerías de petróleo, consumos energéticos de la industria, transporte aéreo interior (no incluye el transporte aéreo con otros países), usos residenciales (5,9%, sobre todo calefacción y agua caliente sanitaria) y servicios (2,9%).
En el transporte por carretera las emisiones "están desbocadas", según los autores. Y es que, aunque en 2008 se han reducido un 4,18% "por las razones que se han señalado anteriormente", los malos humos del transporte han crecido un 88% entre 1990 y 2008 y suponen ya el 23,4% del total (el sector eléctrico emitió en 2008 el 21,7% de los gases de efecto invernadero).
Los procesos industriales distintos a la combustión, como la producción de cemento, industria química y metalúrgica, representaron en 2008 el 7,9%. Los disolventes y otros productos sólo representan el 0,3% del total, y han aumentado un 9% respecto al año base. La agricultura y la ganadería representan el 10,8% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un aumento del 15% respecto al año base, muy inferior al de los otros sectores emisores. Los residuos representan el 3% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un aumento del 75% respecto al año base. Las emisiones de metano son las más importantes.
¿Soluciones?
Medidas de fiscalidad energética, mantenimiento de las primas destinadas a la cogeneración y a las energías renovables, mejora del acceso a la red eléctrica, eliminación de las trabas administrativas abusivas e impulso a la I+D+i de tecnologías emergentes como la geotérmica o la mareomotriz. Según Santamarta y Serrano, "las energías renovables necesitan un marco legal básico que sea estable y que no esté sujeto a tantos cambios e incertidumbres en su sistema retributivo y en las condiciones técnicas y normativas en que se desenvuelve este sector".
En materia de ahorro, los autores proponen "una norma básica para limitar el despilfarro energético fundamentalmente en los sectores difusos que es donde más está aumentando el consumo y asimismo medidas de impulso para las empresas de servicios energéticos que ayuden a evaluar, diseñar y financiar planes y medidas de ahorro y eficiencia para las empresas de todos los sectores".
En materia de edificación, Santamarta y Serrano solicitan el cumplimiento estricto del Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y la normativa sobre certificación energética y un gran plan de rehabilitación y modernización de edificios con criterios de eficiencia energética, que incluya no sólo viviendas, sino también edificios industriales, de servicios y de las administraciones públicas.
En cuanto al transporte, "reclamamos desde hace tiempo una ley de movilidad sostenible que debería contener directrices nacionales de movilidad que condicionen la planificación urbanística y sectorial, la obligación de poner en marcha planes directores autonómicos de movilidad, planes de movilidad urbana o de ámbito comarcal o de área metropolitana y planes de transporte en empresas y en polígonos industriales".
